Sacaba, la muerte y la memoria, Sergio de la Zerda
La joven Cleydi Calle llora a gritos: “A mi hermano lo han matado. ¿Mi hermano es animal? ¿Es perro o pájaro para que me lo maten así? Hasta a los perros tenemos miedo de matar. Cuántos años de cárcel hay para los que matan perros y, ¿para mi hermano no va a haber justicia?”. El hermano al que asesinaron de dos plomazos, uno de ellos al corazón, era Omar Calle y tenía 22 años. Cayó en Sacaba el fatídico 15 de noviembre del año pasado, tres días después de que Jeanine Áñez asuma el mando del país y ordene a militares y policías reprimir movilizaciones contra su gobierno.
Omar es uno de los 10 muertos de Huayllani, uno al que literalmente no le respetaron ni la madre: a ella, una agricultora que había llegado desde el Chapare para acompañar la protesta de su hijo, le partieron a golpes el brazo derecho, tal como hirieron a otras decenas de cocaleros. Por eso Cleydi llora su impotencia junto a la anciana de pollera y se pregunta por qué los ultrajaron peor que a animales. Su desgarrador testimonio es uno de la veintena que en registro audiovisual ya ha levantado el Proyecto Memoria (boliviamemoria.blogspot.com), iniciativa que lucha contra el olvido de la violencia, el racismo e impunidad tras los sucesos del 20 de octubre de 2019.
Fue emprendida por los sociólogos y activistas de derechos humanos Boris Ríos y Karina Acuña, quienes de inicio ven en Sacaba enormes similitudes con la Masacre del Valle de enero de 1974, ocurrida ahí mismo y en otras regiones de Cochabamba. Entonces, la dictadura de Hugo Banzer sometió también a fuego marchas y bloqueos campesinos, con un número hasta hoy indeterminado de fallecidos. “¿Cómo se recordó ese hecho? Para la prensa del momento y las voces oficialistas de la dictadura banzerista, el argumento era más o menos que los campesinos se habían disparado entre ellos, que no había tantos muertos, que había involucrados ‘extremistas castrocomunistas”, rememora Ríos.
Para que las voces de las víctimas y familiares no vuelvan a quedar en la nada, el Proyecto Memoria recaba historias de vida no solo de lo acaecido en Huayllani, sino de otros hechos violentos, como la agredida marcha de las mujeres, y los enfrentamientos y quemas de casas y edificios públicos en la zona Sur. Quienes hablan son campesinos, obreros, mujeres y jóvenes que además reivindican sus identidades mayoritariamente indígenas, menoscabadas por el discurso oficial y los medios tradicionales de comunicación. “Los medios han tergiversado los hechos. Por ello, la idea es construir un archivo que contenga la mayor cantidad de testimonios, entrevistas y actos públicos que se han desarrollado después del 20 de octubre”.
El foco también está centrado en el sufrimiento de los sobrevivientes y sus seres queridos. Uno de ellos es por ejemplo Julio Pinto, agricultor del Chapare que desde noviembre vive con una bala en la sien que le dispararon en Huayllani. Otra le destruyó parte del cráneo y, aunque no puede hablar ni moverse, gracias al cuidado de su familia y solidaridad de sus compañeros se recupera de a poco. Está igualmente el testimonio de la familia López Apaza, que demanda justicia para Juan, de 34 años, acribillado en Sacaba con varios tiros por la espalda mientras huía de sus asesinos.
Una justicia que sin embargo está lejos de llegar por el silencio y las acciones que pretenden borrar toda evidencia. A más de que hasta el día de hoy en el gobierno de Áñez no hay detenido un solo sospechoso de los crímenes, buena parte de las pruebas ha sido sustraída. “Un hecho que llama la atención es que algunas municiones que han sido extraídas de los cuerpos de los fallecidos y heridos han desaparecido. Hay registros por ejemplo de balas de calibres de armas de guerra, pero, según testigos, hubo agentes de civil que fueron hospital por hospital para pedir que les entreguen las municiones”.
Para Ríos y Acuña, que recolectan información ciñéndose a protocolos internacionales de tratamiento de víctimas de violaciones de derechos humanos, la versión del Ejecutivo de que los propios campesinos se balearon entre ellos no tiene asidero. “Hemos preguntado a heridos, familiares, médicos y otros testigos si vieron entre ellos algún arma de fuego, y todos niegan esa versión. Por otro lado, hay una diferencia con los hechos de 1974: hoy existen celulares. Y, si uno se fija los videos que circularon en redes y fotografías de algunos valientes medios de comunicación del país y extranjeros, se ve que los militares portaban armas de fuego; también un helicóptero en el que se ve a un militar apuntando. Lo tendría que decir un perito, pero la versión de que los propios chapareños se han disparado es absurda además de inhumana. Tiene que haber un análisis forense y un peritaje”.
Los sociólogos buscan para su tarea el concurso de más especialistas, para, entre más activistas de derechos, periodistas, historiadores y técnicos, tratar de reconstruir y esclarecer lo acaecido sobre todo en Huayllani, aunque no descartan ampliar la iniciativa a la masacre de Senkata, perpetrada pocos días después en El Alto y sumida de igual modo en la impunidad. En el propósito de crear un archivo que en los siguientes meses esté a disposición del público en general, se quiere asimismo generar un espacio de reflexión sobre la violencia que, tras el 20 de octubre, ha dejado 36 muertos, más de 1.400 heridos y otros miles de detenidos.
Consultados sobre si por su iniciativa temen la represión del Estado, responden: “Conocer la verdad nos tiene que llevar a reflexionarla para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”. “Hemos leído mucha historia como para entender que, si no hay personas que se atrevan a tomar la palabra, la historia la van a escribir las botas militares o quien tenga dinero. Para nosotros, esto es un compromiso con Bolivia”.
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